EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD ES LA MALA GESTIÓN DE LOS IMPUESTOS Y LA ACTUACIÓN ARBITRARIA DE LOS JUECES
Seria simplista reducir el origen de la desigualdad a las tres causas enunciadas, pero el fin de este articulo no es hacer un libro sobre la desigualdad, para eso ya tenemos a los clásicos economistas Ortodoxos, algunos premios Nobel en economía como Joseph E. Stiglitz que podrían dar buena cuenta del origen y del precio de la desigualdad, así de cómo el sistema está en peligro y el conjunto de reformas que contribuirían a crear una sociedad más igualitaria y más justa. y lo que habría que hacer para cambiarlo.
Mi intención en este articulo es evidenciar cómo el Estado se ha zafado de sus funciones sociales y las ha desplazado sobre el ciudadano común, en lugar de que el Gobierno las ejecute con los impuestos que recauda.
Este es uno de los motivos de la desigualdad que existe en nuestro país. Su falta de voluntad de atender a los realmente vulnerables, queda reflejado por cómo utiliza el Poder Legislativo y el Poder Judicial para promulgar leyes que muchos jueces ejecutan de forma arbitraria, y deja a los ciudadanos desamparados e indefensos frente a falsos vulnerables que explotan la inacción de los Ayuntamientos y Administraciones, como ocurre con las okupaciónes ilegales. A veces hay que hablar alto y claro para que se entiendan las cosas.
Al gobierno le viene de perlas desplazar el problema habitacional que existe en las grandes ciudades que él mismo ha creado, (esto seria muy largo para exponer aquí) y desplazarlo a los ciudadanos de clase media con ingresos. Esto se llama "la captura de rentas" La dejación de funciones de las Administraciones y Ayuntamientos, valiéndose del poder legislativo, que previamente ha puesto de su parte, se ha hecho más evidente en esta pandemia, lo cual le ha venido bien para destinar parte del dinero que recauda de los impuestos, en sueldos millonarios de políticos apesebrados, improductivos y la mayoría de las veces innecesarios.
Opino que el deber del Gobierno y las Administraciones, es ofrecer una vivienda, a personas sin hogar, aunque sea de manera provisional y especialmente a las familias vulnerables con niños. Pero a la vez tiene el deber y la obligación de supervisar que personas oportunistas, no dejen en la calle a ciudadanos que pagan sus impuestos y les ha costado mucho trabajo comprar su vivienda.
El propio gobierno está vulnerando impunemente el derecho a la propiedad privada, un derecho contemplado en la Constitución, que la contempla como un bien inviolable.
FALSOS VULNERABLES
Ha saltado a los medios el caso de unas personas que se han hecho pasar por "vulnerable", una mujer okupa que vive con su novio y llevan más de un año sin pagar la renta a la propietaria, alegando que es "vulnerable". Incluso ha puesto un negocio de tartas en dicha vivienda que no lo tiene declarado oficialmente. La propietaria que le bajó el precio durante la pandemia y cargó incluso con el gsto de los suministros energéticos, no ha podido rescatar su vivienda porque el juez no ha revocado aún su condición de "vulnerabilidad". La propietaria tiene que pagar encima 3.000 euros para enfrentarse judicialmente a la okupa si quiere recuperar su casa, a pesar de que la okupa cuenta con un abogado de oficio.
Como este caso hay centenares en todo el país, y especialmente en Catalunya, donde se producen de manera frecuente y continuada. Esta situación surrealista demuestra la inacción y complicidad de las Administraciones, y del Ayuntamiento en el especial que promueve la ocupación ilegal, bajo el mando, de la ahora imputada señora Ada Colau, por malversación de caudales públicos, prevaricación por las subvenciones entregadas a entidades y colectivos afines. Además de la generosidad de la alcaldesa hacia sus agrupaciones amigas, la concesión de ayudas con dinero público a temas que poco tienen que ver con el día a día de la administración local, y que casualmente sirven también para que las entidades bajo sospecha, obtengan más ingresos. El próximo día 4 de marzo , la señora Colau declarará ante el juez que instruye el caso.
Volviendo al tema de las okupación, que se produce a diario, la propietaria en cuestión está solucionando el problema habitacional poniendo su propia casa al servicio de unos "okupas vulnerables" Además de quedarse sin casa, la propietaria queda empobrecida y más vulnerable si cabe que sus okupas, porque deja de cobrar los 600 euros del alquiler que la okupa y su novio, que por cierto trabaja en negro haciendo de albañil, dejaron de pagar a los tres meses de entrar a su casa. Si llevan casi dos años sin pagar, significa que esta señora ha contribuido, además de los impuestos que le exige Hacienda, con 13.200 euros aproximadamente al mantenimiento de dos supuestos "vulnerables", más el importe que arroja el pago de los suministros de luz, gas y agua que han gastado la pareja okupa.
¿ Es tolerable que la Administración actué contra la propiedad privada de un ciudadano ?
CATALUNYA EN PIÉ DE GUERRA CONTRA LA POBREZA
Ciudad Meridiana dice basta. Grupos de ciudadanos que están hasta el moño, han alzado voces de protesta en la Avenida Meridiana, ante la situación que ha llevado a Catalunya a ser la Comunidad de toda España con más desahucios. Como he dicho antes, esto se produce ante la arbitrariedad del Poder Judicial, la complicidad del Ayuntamiento, con su alcaldesa Ada Colau a la cabeza, que incomprensiblemente promueve la okupación ilegal, con el consentimiento de las Administraciones.
Reproduzco un artículo del Blog Salmón, cuyo autor Alejandro Nieto González, expresa muy bien cómo la mala gestión de nuestros impuestos por parte del Gobierno, origina gran parte de la desigualdad que existe en nuestro país
El problema radica cuando el Estado pretende que su función social recaiga sobre el ciudadano común, en lugar de ser el Estado quien la ejecute vía impuestos que recauda, que son muchos.
El modo de la distribución de las rentas que plantea el economista Nieto González, me parece razonable, acertado y necesario, de lo contrario la desigualdad será cada vez más acusada, los contribuyentes serán cada vez más pobres y el tejido empresarial será cada vez mas escaso y débil, lo que que perjudicará la economía en general del país.
Artículo de Alejandro Nieto. Blog Salmón.
Una de las funciones del Estado es ayudar a los vulnerables. De hecho, quizá sea su función principal. Para ello cobra impuestos que luego redistribuye, ya sea en forma de rentas (pensiones, por ejemplo) o en servicios (medicina y educación gratuitas, etc.).
Sin embargo existen muchas ocasiones, en especial en España, donde el Estado no está ayudando realmente a los vulnerables. No tiene mecanismos, la capacidad o, en algunas ocasiones, la voluntad. Y en su lugar ponen normativas y deja que sean las manos privadas las que paguen el pato.
Prohibir desahucios
El propietario, además, apenas vio compensados todos los costes de tener una vivienda durante 24 meses alquilada sin cobrar (ni siquiera los suministros). En este caso parece que los inquilinos supuestamente se están aprovechando del sistema, pero incluso si no fuera así, ¿por qué una persona privada debe asumir el coste de la vulnerabilidad de una familia?
No digo que el Estado tenga que desahuciar a estas personas, pero si el tribunal efectivamente determina que esas personas son vulnerables es el Estado quien tiene que recolocar a estas familias en otras viviendas o asumir los costes pasados y futuros de las rentas de alquiler.
SMI, bono social, IMV
Pero no es el único caso. Como existen trabajadores pobres, en lugar de crear complementos salariales sufragados por el Estado, se sube el SMI y que lo pague la empresa (comprometiendo la viabilidad de muchas empresas o empujando al mercado negro a muchos trabajadores).
Como hay consumidores de energía vulnerables, en 2013 se crea el bono social para energía. Y los descuentos recaen en exclusiva en las empresas del sector, cosa que fue declarada ilegal hasta por el TJUE. Ahora se sufraga con los Presupuestos Generales del Estado y pone a la administración en su sitio.
Otro asunto es que el Estado por fin creó un Ingreso Mínimo Vital, ya que el soporte que tenían los vulnerables anteriormente era ridículo. El peso de la vulnerabilidad caía en las familias, y si no las había esas personas quedan directamente a la merced de la pobreza. Y aún con el IMV aprobado, su lento despliegue es todo un escándalo.
El Estado debe asumir sus competencias
Ya es hora de que el Estado asuma que debe cuidar a los vulnerables y no dejarlos a merced de normativas que cuesta poco aprobar (no hay partidas presupuestarias) pero crea problemas en los particulares y empresas privadas que deben asumir los costes de algo completamente ajeno.
Parece que el Estado ha asumido que la única redistribución que sabe hacer es la que va desde los trabajadores a los pensionistas. El Estado debe asumir sus competencias de una vez y dejar de distorsionar fuertemente lo bueno que tiene el mercado. Debemos mirar más a los nórdicos, pero no solo en lo de los impuestos altos: ellos dan mucha libertad a la iniciativa privada, con pocas ingerencias y luego redistribuyen bien, no como aquí.
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